Un tribunal permite que una coalición interreligiosa impugne la política de la administración Trump sobre las detenciones de ICE en lugares de culto

El 20 de octubre, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington revocó un fallo de un tribunal inferior y permitió que una coalición interreligiosa continuara impugnando una política de la administración Trump que reduce las restricciones a las operaciones de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en lugares considerados sensibles, incluidos los templos y otros lugares de culto.

En 2025, una coalición de más de dos docenas de organizaciones religiosas presentó una demanda para impugnar una política de la administración Trump que derogaba restricciones de larga data sobre los arrestos en lugares sensibles --entre los que también se incluyen escuelas y hospitales, además de lugares de culto. La política anterior contemplaba excepciones en casos de amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional.

En su fallo, el panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia revocó una decisión de abril de 2025 de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, según la cual la coalición multiconfesional carecía de legitimación activa para impugnar la decisión de la administración Trump de derogar la política que protegía los "lugares sensibles".

Kelsi Brown Corkran, directora del área ante la Corte Suprema del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown y abogada principal de los demandantes, dijo en una declaración escrita enviada a OSV News que "la decisión del Circuito de D.C. reconoce el daño real que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) infligió a las comunidades religiosas al derogar la política de lugares sensibles que había protegido a los lugares de culto de la actividad de control migratorio durante más de tres décadas".

"Es una victoria importante para los millones de personas de fe representadas por las 27 denominaciones y organizaciones judías y cristianas que se unieron para presentar esta demanda en defensa de su derecho a practicar su culto y servir a sus comunidades sin temor a la intromisión de los agentes del ICE", dijo Brown Corkran.

El reverendo Carlos L. Malave, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que presentó la demanda, declaró en un comunicado: "Nuestra fe nos llama a perseverar en hacer el bien".

"La Red Nacional Cristiana Latina celebra la decisión del tribunal de Washington, D.C., en relación con nuestro caso para proteger los ‘lugares sensibles’", dijo. "Los lugares de culto y los espacios sagrados deben ser respetados, y debe salvaguardarse el derecho constitucional de todos los miembros de las iglesias a practicar su fe libremente y sin temor".

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no figuraba entre los demandantes en el juicio, pero presentó un escrito amicus curiae en apoyo de los demandantes.

En ese escrito se argumentaba que la "revocación de la Política de Lugares Sensibles en cuestión", que según el escrito había estado vigente durante más de tres décadas, "ha tenido el efecto predecible y perjudicial de colocar a los demandantes en una posición insostenible: O bien aumentan el riesgo de que sus feligreses sean objeto de operativos de control migratorios que podrían perjudicarlos al mantener la obligación de asistir a los servicios religiosos semanales, o bien limitan la prestación de servicios religiosos presenciales a sus feligreses en respuesta a la amenaza inminente de una medida coercitiva y a los temores fundados de sus feligreses al respecto".

Los obispos afirmaron que cualquiera de los dos escenarios presenta un daño "grave y concreto" que "los tribunales no están en condiciones de desestimar como especulativo".

La administración Trump derogó la política de larga data del ICE --que restringía las detenciones por motivos migratorios en ciertos lugares, así como en eventos sensibles como bodas y funerales, sin la aprobación de los supervisores-- poco después de regresar a la Casa Blanca en 2025. La política anterior contemplaba excepciones en caso de amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional.

En una demanda separada, un juez federal había impedido previamente que los agentes de inmigración llevaran a cabo operaciones de control en lugares de culto de los cuáqueros y de un puñado de otros grupos religiosos, limitando la orden de modo que protegía únicamente a los grupos religiosos que habían presentado esa demanda.